Las promesas de bajadas de impuestos por parte del Gobierno, la presión de Bruselas por el elevado déficit, el clima preelectoral y los problemas de recaudación frenan una bajada de cotizaciones a la Seguridad Social.
El sistema de capitalización individual, creado durante la dictadura y ‘vendido’ como modelo al mundo, ha sido importante en la financiación de bancos y grandes empresas, pero está proporcionando pensiones insuficientes.
Las residencias para gente mayor han sido estigmatizadas en ocasiones como un lugar donde se aparcaba a la gente que le costaba valerse por sí misma. La realidad es muy diversa, pero esta visión estereotipada nada tiene que ver con las comunidades autogestionadas en las que los integrantes mantienen sus espacios de máxima intimidad, disfrutan de espacios comunes y participan activamente en la gestión de la propia entidad.
El futuro de las pensiones públicas está propiciando el debate de mayor calado sobre política económica de este país.
Las ayudas a las personas en riesgo de exclusión, en manos de las autonomías, aumentan más despacio que los hogares sin ingresos. Los criterios de acceso se endurecen por falta de dinero.
El Real Decreto-Ley 5/2013 es un camino buscado por un explorador desorientado, para llegar a un destino incierto. Como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en el documento de fecha 1 de febrero entregado al Gobierno de España, nuestro sistema de pensiones ha pasado a ser, tras 15 meses de gobierno del PP, una amenaza cierta para el futuro de nuestras cuentas, cuando a finales de 2011 figuraba en la lista de las oportunidades. Así, el miedo guía las decisiones del Gobierno con escasa fortuna.
Los informes con tintes alarmantes suelen centrarse en el modelo público. Pero los fondos privados acumulan años de escasa rentabilidad, altas comisiones, patrimonio a la baja y compromisos de pago al alza. ¿Es sostenible?
No siempre se jubila antes quien quiere. La mayoría de retiros anticipados son forzosos. la crisis ha duplicado los que vienen de situaciones de baja o nula protección de desempleo.
El sistema de pensiones español fue reformado en el año 2011. El objetivo era garantizar su sostenibilidad en un contexto en el que, por el envejecimiento de la población, el coste de las pensiones en % del PIB (1) iba a aumentar sustantivamente en el futuro.
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