Poner la transición energética en manos de la ciudadanía

La Unión Europea incorporó en 2018, mediante la Directiva (UE) 2018/2001, un nuevo actor en el sector eléctrico: las Comunidades de Energía Renovable, más comúnmente conocidas como comunidades energéticas locales. Este nuevo actor queda definido, según el ordenamiento legislativo europeo y nacional, como entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por los socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energía renovables.

Es cierto que ni la Unión ni la legislación española apuesta por una forma jurídica en concreto, pero lo cierto es que casi ninguna (por no decir ninguna) se adapta tan bien a estas exigencias como la cooperativa de consumidores. Esto ha generado una gran oportunidad en el marco de la economía social para el empoderamiento de vecinas y vecinos de miles de localidades del territorio español, que se pueden organizar para pasar de agentes pasivos a agentes absolutamente activos y protagonistas de la necesaria transición energética. Es una revolución que, en cierta forma, ya ha sucedido en países cercanos, como en Alemania, donde hay miles de pequeñas cooperativas locales que se han convertido en actores relevantes del nuevo mapa eléctrico alemán.

Un modelo en crecimiento

Es cierto que el nivel de desarrollo de las comunidades energéticas en España es mucho menor, pero viendo lo que pasaba en países vecinos, alguien debería dudar de si era necesario poner sus barbas a remojar. No es casualidad que se mantuvieran, durante excesivo tiempo, los consagrados 500 metros de límite para compartir energía cuando en Europa soplaban aires que iban de los 2 hasta los 20 kilómetros. Y no fue hasta octubre de 2022 cuando dicho límite se modificó, a bombo y platillo, hasta los 1.000 metros. Tanto bombo y platillo que la medida supo a poco en el sector, que se había generado expectativas muy superiores. Y ello dio pie a que, en tan solo dos meses (diciembre de 2022), se volviera a incrementar el límite del autoconsumo compartido hasta los 2.000 metros.

Pero ya lo dijo el banquero Emilio Botín en su momento: “El diablo está en la letra pequeña”. Y los 2.000 metros que todo el mundo tiene en mente únicamente se aplican para tecnología fotovoltaica ubicada íntegramente en cubiertas o suelo industrial. Dicho de otra forma, no sirve para molinos de viento, ni para pequeños campos fotovoltaicos en el suelo. No se sabe si por mayor torpeza de los electrones generados en estas otras instalaciones o por un objetivo más sibilino de dar manga ancha a las comunidades energéticas, pero sin excederse, no fuera el caso de tenerse que afeitar.

Aun así, lo cierto es que la ventana abierta por la Comisión Europea, la progresiva ampliación de las distancias para poder realizar autoconsumo compartido y las subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a las comunidades energéticas que se han venido realizando al empuje de los fondos Next Generation EU, tenemos por delante la gran oportunidad de iniciar un paulatino cambio de paradigma en la configuración del sector eléctrico español, tradicionalmente dominado por un puñado de grandes empresas.

El ejemplo de Osona

Son muchas las iniciativas de comunidades energéticas que han ido emergiendo en diferentes ámbitos del territorio español: La Palma, Valencia, Mallorca, Navarra y Cataluña, entre muchos otros entornos.

Pero quizás en pocos espacios ha habido una explosión de tanta profundidad como en la comarca de Osona, situada mayoritariamente en la provincia de Barcelona y en el centro geográfico de Cataluña. Con sus 50 municipios y poco más de 160.000 habitantes, y al cobijo del Consell Comarcal d’Osona, se ha generado una gran mancha de aceite en la creación de comunidades energéticas, hasta el punto de que en más de la mitad de los municipios los vecinos se han organizado para crear una cooperativa de consumidores con el objetivo de ser una comunidad energética local (lo cual quiere decir aprobar unos estatutos, aportar un mínimo de 3.000 euros de capital entre un mínimo de 10 socios y superar las nunca fáciles trabas de los registros de cooperativas). Pero el dato es aún más contundente cuando se comprueba que los municipios en los cuales se ha creado una comunidad energética vienen a representar el 96% de la población de la comarca.

La fuerza que se ha generado es tal que ya se ha constituido una cooperativa de segundo grado, que  se bautizó con el nombre de Osona Energía, pero en estos momentos está dando servicio a casi más comunidades de fuera de la comarca que de la propia comarca. Es obvio que el acierto en crear una estructura de segundo grado que ayude e impulse la creación de más comunidades energéticas locales es tan significativo que a los pocos meses el nombre se quedó corto y tan solo el arraigo territorial explica que se mantenga dicha denominación. Y entre sus comunidades, algunas ya están compartiendo energía entre sus vecinos, como Balenyà Sostenible y Taradell Sostenible.

Ahorro para la población

¿Y por qué toda esta movida? Balenyà Sostenible hizo cálculo en sus inicios de que podía aportar hasta 3,9 millones de euros a los pocos más de 3.900 habitantes del municipio, además del ahorro de 3.341 toneladas de CO2. Eran 3,9 millones de euros que se calculaba que saldrían del municipio mediante el pago de los kWh consumidos de diferentes eléctricas y que, con las instalaciones previstas, dejaban de pagarse a las grandes compañías, lo que supone una gran oportunidad para seguir invirtiendo en transición energética o, simplemente, para mayor ahorro de sus conciudadanos.

Este cálculo lo presentó cuando únicamente tenía prevista una primera ronda de instalaciones: 440 kWp de fotovoltaica sobre cubiertas de edificios municipales que el Ayuntamiento de Balenyà cedió a la comunidad para dicho uso (el cálculo resulta de estimar una producción de unos 22 millones de kWh en 40 años de funcionamiento, a un precio promedio de 0,18 euros/kWh, y descontado los costes de la inversión).

En estos momentos ya están pensando en alcanzar los 1.330 kWp en fotovoltaicas (tres veces más), una red de calor y frío de quinta generación para un barrio entero del municipio y apuestan por la movilidad sostenible, con un vehículo eléctrico de uso compartido.

Multipliquen y rápidamente entenderán por qué las comunidades energéticas pueden representar una gran oportunidad.

Ramon Roig es impulsor de la Comunidad Balenyà Sostenible