Ofensiva internacional por la justicia tributaria
Naciones Unidas se suma a los esfuerzos para que las multinacionales y las grandes fortunas cumplan sus obligaciones fiscales
Durante décadas, expertos, organizaciones no gubernamentales y gobiernos del llamado Sur Global han alertado de que la actual arquitectura fiscal internacional contribuye a perpetuar las desigualdades entre países ricos y pobres. Estos últimos están hartos de que las multinacionales que operan en sus territorios se lleven los beneficios a paraísos fiscales y les priven de un dinero esencial para financiar la asistencia sanitaria, la educación y las infraestructuras necesarias para mejorar el bienestar de sus respectivas poblaciones.
Naciones Unidas se ha propuesto dar un vuelco a la situación. En noviembre pasado, su Asamblea General aprobó por aplastante mayoría la creación de una convención internacional de cooperación fiscal con dos objetivos extremadamente ambiciosos: obligar a las grandes corporaciones y a las personas multimillonarias a pagar los impuestos que les corresponden y proporcionar a los países más pobres los recursos necesarios para desarrollarse y cumplir los 17 objetivos sociales, económicos y medioambientales contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Durante los próximos dos años, delegados de los países miembros de la ONU negociarán el establecimiento de nuevas normas para la tributación de multinacionales y particulares y la creación de un organismo internacional que vele por el cumplimiento de los acuerdos y aborde los desafíos fiscales que surjan por el camino. El plan es que desde principios de este año hasta mediados de 2027 tengan lugar tres rondas de negociaciones al año entre Nueva York y Nairobi.
Los países ricos se resisten
Impulsada por los países africanos, la iniciativa debe aún superar importantes obstáculos. Ocho naciones industrializadas votaron en contra de la convención: Australia, Canadá, Corea del Sur, EE UU, Israel, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido, a los que finalmente se sumó la Argentina de Javier Milei. Entre ellos apenas representan el 8% de la población del planeta, pero son responsables conjuntamente del 66% de las pérdidas mundiales de ingresos causadas por la fuga de beneficios hacia paraísos fiscales.
La Unión Europea, que hasta hace un año se oponía al acuerdo, se abstuvo en bloque. Economistas del prestigio de Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh y José Antonio Ocampo y ONG como Oxfam y Save the Children presionaron sin éxito hasta el último momento para que Bruselas diera su visto bueno a la erradicación de unas normas fiscales internacionales que, a juicio de sus detractores, “no solo son obsoletas y profundamente injustas, sino que también son excesivamente complejas, contradictorias, poco claras y ineficaces y están plagadas de lagunas”.
Un lugar en la mesa
“Este es un momento decisivo”, afirmó Irene Ovonji-Odida, presidenta de Tax Justice Network (Red para la Justicia Fiscal), una organización independiente con base en Reino Unido que lucha contra la elusión de impuestos y los paraísos fiscales. “El mundo ha vivido un siglo en el que las normas tributarias internacionales fueron creadas por un pequeño grupo de países —primero en la Sociedad de Naciones y luego en la OCDE—, y el efecto ha sido una descomunal pérdida de ingresos tributarios debido a las prácticas abusivas de multinacionales e individuos ricos que esconden sus activos en el extranjero. Ahora, por fin, todos negociaremos juntos para establecer reglas que funcionen para todos. ¡Todos excepto los que abusan de los impuestos!”.
Por primera vez, las excolonias de los países ricos negociarán en un plano de igualdad con sus antiguos colonizadores y participarán en el establecimiento de normas fiscales de obligado cumplimiento para todos. “Van a tener un lugar en la mesa en lugar de formar parte del menú”, afirmó Dereje Alemayehu, presidente de la Alianza Global para la Justicia Fiscal (Global Alliance for Tax Justice), una coalición integrada por centenares de organizaciones defensoras de una distribución justa de los ingresos tributarios. Los impulsores de la iniciativa ponen de relieve que, también por primera vez, la negociación de cuestiones fiscales internacionales tendrá lugar con transparencia ante la opinión pública.
“Los impuestos son nuestro superpoder social: quizá la mejor herramienta que tenemos para organizarnos y vivir mejor, más sanos y más felices”, sostiene Tax Justice Network en su recién publicado informe Estado de la justicia fiscal 2024. “El abuso fiscal transfronterizo es el mayor obstáculo para tener unos impuestos eficaces y progresivos fundamentales para cumplir esa promesa, así como para encontrar un camino hacia el nivel de financiación necesario para hacer frente a la urgente crisis climática”. La ONG británica calcula que los países de todo el mundo dejan de ingresar cada año casi medio billón de dólares a causa del uso de paraísos fiscales por parte de las multinacionales y las grandes fortunas. La Comisión Europea, en su Informe Fiscal 2024, cifra en 100.000 millones de euros al año las pérdidas para los países de la Unión. España, según Tax Justice Network, es el decimoquinto país del mundo que más dinero deja de ingresar: casi 10.000 millones de euros al año.
Todos quieren más
Los países en desarrollo no son los únicos que buscan recaudar más impuestos evitando el desvío de beneficios empresariales a territorios con fiscalidad más baja. A instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más de 140 Estados se han comprometido a imponer un impuesto de sociedades mínimo del 15% y a obligar a las grandes corporaciones a cumplir sus obligaciones tributarias en los países donde operan. Hace un año, cuando el acuerdo entró en vigor en la Unión Europea, el entonces comisario de Economía, Paolo Gentiloni, llegó a definirlo como "un nuevo amanecer para la fiscalidad de las grandes multinacionales". Sin embargo, muchos expertos dudan de que la reforma por sí sola acabe con los paraísos fiscales —incluidos los existentes dentro de la propia Unión, como Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos— ni evitar la carrera a la baja en la competencia fiscal entre Estados, algunos de los cuales hacen cabriolas para respetar el nuevo tipo mínimo del impuesto de sociedades y, al mismo tiempo, ofrecer créditos fiscales y otras deducciones que reducen por debajo del 15% el tipo impositivo real de las empresas.
El 2%
A instancias del Gobierno de Brasil, los líderes del G20 debatieron en noviembre en Río de Janeiro la creación de un impuesto global a las grandes fortunas. El impulsor de la idea es Gabriel Zucman, director del EU Tax Observatory (Observatorio Fiscal de la UE), un instituto independiente dedicado a estudiar la evasión y elusión fiscal en la Unión. Zucman propone gravar con un impuesto mínimo del 2% a las 3.000 mayores fortunas del mudo —superiores a 1.000 millones de dólares— lo que aportaría a los Estados entre 200.000 millones y 250.000 millones de dólares al año, según sus cálculos. Ampliar el gravamen a las fortunas que excedan los 100 millones de euros proporcionaría entre 100.000 millones y 140.000 millones de dólares adicionales.
Sostiene Zucman que no deben ser los ricos quienes decidan cuántos impuestos tienen que pagar, sino los Gobiernos. Para el economista francés, catedrático de la Universidad de California en Berkeley y de la Escuela de Economía de París, se trata de proteger los sistemas democráticos, pues las Administraciones necesitan fondos para pagar la sanidad, la educación y las pensiones que la ciudadanía demanda, así como para financiar los gastos derivados del calentamiento global y de emergencias como la pandemia de covid-19.
Una nota positiva, aunque con matices: en los últimos 10 años se ha reducido en una tercera parte la evasión fiscal a terceros países por parte de las grandes fortunas gracias, principalmente, a un sistema de intercambio automático de información entre los bancos. “Este éxito demuestra que se puede avanzar rápidamente contra la evasión fiscal siempre y cuando exista la voluntad política de hacerlo”, subraya el Observatorio Fiscal de la UE. Sin embargo, la organización advierte de que la evasión fiscal —incluida la que se da "en el limbo de la legalidad"— está aumentando a escala nacional. Ello se debe a que los tipos impositivos reales de los milmillonarios de todo el mundo oscilan entre el 0% y el 0,5% de su riqueza, gracias, principalmente, al uso de empresas fantasma para eludir el impuesto sobre la renta. “Hasta la fecha no ha habido ningún intento serio de abordar esta situación, con el consiguiente riesgo de socavar la aceptabilidad social de los sistemas fiscales existentes”, añade el Observatorio.
El caso español
En España, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aprobó a finales de 2022 un impuesto sobre el patrimonio de carácter “solidario” y temporal aplicable a las personas cuyo patrimonio neto supere los tres millones de euros. Hacienda recaudó 619 millones en 2023, año de entrada en vigor del nuevo impuesto, pero en 2024 la cantidad se desplomó hasta los 38 millones, el 95% menos. ¿El motivo? Que varias comunidades gobernadas por el PP anularon los descuentos que aplicaban al gravamen original para quedarse con unos ingresos que, en principio, habrían ido a parar al Estado. Los ricos no han dejado de pagar; sencillamente el dinero ha pasado de una Administración a otra.
Pese a las muchas piedras en el camino, el Observatorio Fiscal de la UE cree que es posible avanzar hacia una mayor justicia fiscal en el mundo incluso si fracasa el acuerdo impulsado por Naciones Unidas. “La evasión fiscal no es una ley de la naturaleza, sino una opción política”, afirma la organización. “Como naciones interconectadas, podemos optar por políticas de ‘todos contra todos’ que permiten su propagación, o podemos elegir la coordinación para frenarla. También es posible lograr grandes avances mediante la acción unilateral, en caso de que fracase un ambicioso acuerdo mundial”.
El fracaso de la OCDE
La organización de países desarrollados lleva décadas funcionando como un organismo de decisión ‘de facto’ sobre las normas tributarias globales
Una aparente paradoja deja al descubierto la naturaleza perversa del modelo fiscal internacional: los países que más facilitan a las grandes empresas y los multimillonarios eludir sus obligaciones tributarias son también los mayores perjudicados.
Según los cálculos de Tax Justice Network, los países miembros de la OCDE, incluyendo los que votaron en contra de la Convención Internacional de Cooperación Fiscal, son responsables de dos tercios de las pérdidas fiscales del mundo, pero al mismo tiempo también son los que más ingresos tributarios pierden. EE UU es el que sale peor parado, pues deja de ingresar cada año 73.000 millones de dólares por culpa de las multinacionales y grandes fortunas que se llevan sus beneficios a otros países para pagar menos impuestos. Reino Unido pierde 45.000 millones por el mismo motivo.
La ONU entra en juego. Creada tras el final de la Segunda Guerra Mundial como un organismo de asesoramiento técnico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva décadas funcionando como un organismo de decisión de facto sobre las normas tributarias globales, un papel que supuestamente asumirá Naciones Unidas cuando se establezca la Convención.
Los "ocho dañinos". Alex Cobham, director de Tax Justice Network, opina los países que se oponen a la Convención Internacional de Cooperación fiscal —“los ocho dañinos”, como los llaman las entidades defensoras de un sistema fiscal equitativo, a los que a última hora se sumó Argentina— están empeñados en aferrarse a unas normas fiscales creadas por la OCDE que, según los propios datos de la propia organización, han fracasado por completo. “Han optado por seguir perdiendo miles de millones en paraísos fiscales y han impuesto esa decisión al resto del mundo durante décadas", afirma Cobham, "pero el resto del mundo está harto, y por eso quiere poner las normas fiscales en manos de la ONU, donde no pueden ser rehenes”.
Los países desarrollados llevan décadas intentando reducir la elusión fiscal de sus grandes empresas con recortes en el Impuesto de Sociedades. Ha sido inútil. A pesar de los incentivos fiscales, las multinacionales han trasladado aún más ganancias a los paraísos fiscales, hasta llegar a la cifra récord de 1,42 billones de dólares en 2021. Conclusión: cuando se les permitió pagar menos impuestos, las grandes corporaciones hicieron más trampas y los Estados fracasaron en su intento de conseguir más ingresos fiscales, como pretendían.
Para los responsables de Tax Justice Network, la teoría de que reducir la carga tributaria de las empresas puede generar más ingresos fiscales (y viceversa), la denominada Curva de Laffer, ha sido desacreditada. “Algunos políticos siguen haciendo referencia a la teoría a pesar de la evidencia, a menudo por consejo de lobbies corporativos”, señala la organización.
Planeta inestable. “Los impuestos son nuestra herramienta más poderosa para elegir el tipo de sociedades en las que queremos vivir”, afirma Liz Nelson, directora de promoción e investigación de la ONG británica. “Nuestros gobiernos optaron por utilizar los impuestos como una herramienta para enriquecer aún más a los superricos y sus corporaciones, pensando que esto fortalecería nuestras economías. Los datos muestran que esto tuvo el efecto contrario. Los niveles más altos de riqueza extrema, alimentados por un abuso fiscal cada vez mayor a nivel mundial, han hecho que nuestras economías sean inseguras, que los hogares estén en peor situación y que nuestro planeta sea inestable. Los gobiernos ahora tienen la oportunidad de elegir de otra manera en la ONU, de elegir utilizar los impuestos para proteger a las personas, las economías y el planeta”.
