El paro juvenil se dispara de nuevo
Es preciso cambiar las estructuras productivas que generan tantos empleos de usar y tirar entre los jóvenes.
Es preciso cambiar las estructuras productivas que generan tantos empleos de usar y tirar entre los jóvenes.
El euro anda a la pata coja desde su comienzo. Aunque se ha confiado la política monetaria a una institución federal (el Banco Central Europeo) encargada de garantizar no solo la estabilidad de los precios, sino también la permanencia de la moneda única, la segunda pata de toda política económica —la política presupuestaria— ha seguido siendo responsabilidad de los Estados miembros bajo el control del pacto de estabilidad, coordinación y gobernanza adoptado en 2012.
En una crisis tan extraordinaria como la provocada por la covid-19, ante la que las respuestas convencionales se muestran impotentes, cobra más sentido si cabe explorar las propuestas solventes elaboradas fuera del carril de la ortodoxia. Algunas son conocidas, como el impuesto a la riqueza, la reducción de la jornada laboral y la renta básica universal. Otras lo son menos, como el dinero helicóptero. Y otras han surgido de la propia crisis, que ha provocado un ahorro inesperado para el que hay que buscar un uso pertinente. Repasamos las ventajas y los inconvenientes de ocho propuestas imaginativas que podrían ayudar a mitigar los estragos económicos y sociales agravados por la pandemia.
Y si el día de mañana el Banco Central Europeo ingresara directamente dinero en nuestras cuentas bancarias? La institución monetaria ya ha desempeñado un papel crucial para responder a la crisis provocada por la epidemia de la covid-19 inyectando dinero en la economía: 120.000 millones de euros por aquí, 750.000 millones por allá…
Los gobiernos europeos se han apresurado a apoyar a las empresas facilitando préstamos, pagos de cotizaciones o ayudas, según los casos. Se habla mucho de endeudamiento público, pero el privado es más elevado aún, salvo en Grecia e Italia. Irlanda, el caso más grave, digiere aún la crisis financiera. Las compañías menos endeudadas tendrán mayor capacidad de encajar el golpe.
¿Un fondo de capitalización para cada persona trabajadora que pague un eventual despido, sirva para formación y, si algo queda, se use como complemento de la jubilación? El modelo austriaco resucita en España durante la pandemia sin consenso político ni social.
El Gobierno aparca la subida de impuestos y busca apoyos a unas cuenta públicas que ayuden a reactivar la economía.
La pandemia ha dado alas al debate sobre la cuestión.
Paradoja: El creciente apoyo ciudadano a una RBU contrasta con la indiferencia de políticos y opinadores profesionales.
Las entidades propiedad de los Estados se han convertido en la palanca fundamental de la reactivación de la economía europea.
Son los euros de ayuda para la compra de un coche diésel o de gasolina (con emisiones de hasta 120 gramos de CO2) aprobados por el Gobierno, que quiere que estos vehículos no circulen en 2050. La ayuda para los coches sin emisiones es de 4.000 euros.
La nueva ayuda estatal, que satisface a la UE, se abre paso con el reto de lograr la inclusión laboral de quienes la cobren y la incógnita de qué harán las autonomías con sus propias rentas.
La pandemia ha cambiado radicalmente el mundo en solo cuatro meses. A finales de junio el número de contagiados por coronavirus superaba los 10 millones de personas y los fallecidos se aproximaban al medio millón, según la Universidad Johns Hopkins. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el parón económico ha destruido 365 millones de empleos en el planeta.
Un recordatorio en primera persona del durísimo mundo previo al Estado de bienestar.
Xavier Puig (Barcelona, barrio de Sants, 1963) es educador social, dirige la asociación CEPS y lleva 20 años ligado a plataformas del Tercer Sector Social. Preside la Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales.
El acuerdo de recuperación entre Alemania y Francia supone un salto cualitativo en la construcción europea porque mutualiza la deuda.
A partir del 15 de junio, las personas en situación de extrema pobreza pueden pedir el nuevo ingreso mínimo vital, que oscila entre los 462 y los poco más de 1.000 euros, según los hogares. Una de las incógnitas es saber a qué destinarán ahora las comunidades autónomas la parte del dinero que pagan en ayudas a la pobreza y que ahora cubrirá el Estado. Las entidades sociales piden una aplicación ágil y rápida.
EE UU ha congelado sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en plena pandemia. La OMS se financia con donaciones obligatorias de países (950 millones de dólares en 2019), y voluntarias, también privadas, para investigar temas (4.300 millones). La Fundación Bill y Melinda Gates aumentará su donación.
Los países ricos se resisten a ir más allá de la concesión de préstamos.
Garantizar una vida digna a toda la ciudadanía con una renta básica es la gran laguna del Estado de bienestar. El Gobierno trata de llenar el vacío con un ingreso condicionado que complete el deficiente sistema de rentas autonómicas.
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