Las administraciones han reaccionado con mucho retraso y las medidas implementadas resultan claramente insuficientes para garantizar una casa digna. Hacen falta medidas más contundentes 

La subida del precio de la vivienda en España durante el primer trimestre, el 8,5% con relación al mismo periodo de 2021 (el 10,1% en el caso de la vivienda nueva y el 8,2% en el caso de la de segunda mano), añade otro elemento de presión a la maltrecha economía de los hogares, castigada por la inflación y con la capacidad adqusitiva prácticamente estancada en dos décadas.

La revista Alternativas económicas del pasado enero y el libro Vivienda. La revolución más urgente, de Alejandro Inurrieta, editado por la publicación, nos permiten conocer la situación del mercado español de la vivienda, las iniciativas en otros países europeos y, lo que es más importante, cuál está siendo la actividad de nuestros políticos al respecto. 

Ideas que se experimentan en Europa para ampliar el parque de pisos sociales y asequibles con el fin de atajar la especulación inmobiliaria

Si las políticas favorables a la compra y la especulación inmobiliaria han propiciado que los pisos en régimen de alquiler supongan una proporción minoritaria del parque de vivienda (16% del total), la escasez de alquileres reducidos o subsidiados (el 2,7% del total, por debajo de la media de la UE y de la OCDE) corrobora que el acceso a la vivienda es una de las grandes asignaturas pendientes en España. Así se desprende de los datos de la OCDE (Affordable Housing Database).

España es de los países europeos con menos vivienda protegida. Los socios de Gobierno discrepan sobre el modo de afrontar el problema.

Estoy mirando un anuncio inmobiliario. Se trata de un piso “maravilloso” y “exclusivo” (eso dice el anunciante) con una extensión de 58 metrazos, vistas a un muro y con medios de transporte muy cercanos: está entre las vías del tren y una carretera, en las afueras de una gran ciudad. El alquiler cuesta 960 euros. Una ganga. Teniendo en cuenta que el salario medio en España es de 1.700 euros brutos mensuales, el ciudadano medio puede permitirse tranquilamente residir en ese piso “maravilloso” y “exclusivo” y, además, comer pan y fideos hasta hartarse.

Cuando el derecho a una vivienda digna parecía un objetivo utópico y una causa perdida, una serie de acontecimientos han cambiado radicalmente el panorama. La formación de un nuevo Gobierno de izquierdas y las contundentes exigencias europeas han abierto un horizonte de esperanzas.

Itziar González tiene cuarenta y seis  años y no tiene hijos. Dedica su vida al urbanismo cooperativo y al activismo político, y está convencida de poder transformar su entorno. Si se detiene un segundo es para tomar impulso.

Esta barcelonesa de 39 años, que vive con su pareja y su hijo de dos años, es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero en realidad es mucho más: se ha erigido en el símbolo de la contestación en la calle a las políticas ortodoxas de austeridad que priman el rescate del sector financiero con enormes costes para los ciudadanos. 

Las experiencias de viviendas desligadas de la especulación inmobiliaria ya existen en España, y hay también entidades dispuestas a ayudar en su ejecución. 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) El movimiento ha pasado de ser invisible a convertirse en uno de los centros del debate político