La renta para las personas más pobres llega con cuentagotas y entre críticas de entidades sociales. El ministro Escrivá hace ajustes para agilizar el proceso.

La pandemia ha dado alas al debate sobre la cuestión.

La cesta de la compra subió de precio durante los meses de confinamiento, al tiempo que caían los de la mayoría del resto de productos.

La nueva ayuda estatal, que satisface a la UE, se abre paso con el reto de lograr la inclusión laboral de quienes la cobren y la incógnita de qué harán las autonomías con sus propias rentas.

Naciones Unidas advierte de que los sectores más desfavorecidos de la población afrontan dramáticas consecuencias en todo el mundo.

Garantizar una vida digna a toda la ciudadanía con una renta básica es la gran laguna del Estado de bienestar. El Gobierno trata de llenar el vacío con un ingreso condicionado que complete el deficiente sistema de rentas autonómicas.

La red de seguridad de nuestro Estado de bienestar adolece de un enorme agujero por donde se cuelan pobreza y exclusión social. Así lleva advirtiéndoselo en los últimos cuatro años a España la Comisión Europea. La rotura puede repararse con una renta básica que garantice una vida digna a la ciudadanía, tema que suscita controversia por sus costes. Ahora, los estragos económicos de la pandemia ablandan las tradicionales resistencias a algunos de los modelos en los que la medida puede plasmarse, o al menos a su aplicación temporal. El Gobierno ha aprovechado la corriente favorable de opinión y este verano contempla poder empezar a pagar un ingreso mínimo vital estatal, con cuantías en función de la tipología del hogar, que ayude a mermar la pobreza severa.

Nuestro Estado de Bienestar ya había adelgazado lo suficiente en los últimos 10 años y, cuando parecía que comenzaba a recuperarse, la pandemia lo sumerge en una crisis que es, sin duda, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el tsunami no es sólo sanitario, pues su componente social y económico se vuelve cada día más importante. 

A raíz del debate en el Congreso de los Diputados sobre las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos socioeconómicos del coronavirus en España, desde Amnistía Internacional vemos tres prioridades fundamentales: protección frente a desalojos, también para las personas inquilinas; protección y refuerzo de todo el personal sanitario, y adopción de medidas especiales para garantizar que no queden atrás colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género y personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 

La peor parte de la epidemia se la llevan los enfermos, que en Italia son ya casi 60.000, de los cuales han fallecido 5.476. Pero no son los únicos perjudicados. Las historias de tres trabajadores por cuenta propia dan idea del otro drama social.

Bong Joon-Ho presenta una ácida crítica hacia una sociedad intoxicada por el capitalismo más extremo y sumida en una profunda crisis de valores.

Sin cobertura: Este invierno habrá 600.000 personas menos en situación de vulnerabilidad que puedan acceder al bono eléctrico de descuento.

Tras una década larga de crisis económica y social cada vez hay más indicios que apuntan que la nueva sociedad surgida tras la hecatombe financiera de 2008 arrincona a una parte significativa de la población.

Pau Marí Klose (Ibiza, 1972) es un reconocido sociólogo experto en pobreza infantil. Ha sido profesor en la Universidad de Barcelona e investigador posdoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido responsable científico del Instituto de Infancia y Mundo Urbano y dirigió los Informes de Inclusión Social en España, de La Caixa.