Andreu Missé

Cada vez más voces se manifiestan a favor de que el BCE y los bancos centrales nacionales anulen o conviertan en perpetua la deuda pública que tienen en sus manos. Hay miedo a que una subida de los tipos de interés provoque un colapso y se impongan recortes sociales similaresa los de la crisis anterior. 

El aumento de la deuda pública a consecuencia de la actual pandemia y de la crisis bancaria de 2008 ha superado el 122% del producto interior bruto en España y el 206% en Grecia. La montaña de endeudamiento se ha agigantado también en Italia (156%) y Francia (117%). Son niveles desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial que amenazan la financiación del estado de bienestar y desvirtúan por irreales las reglas europeas, que limitan la deuda pública al 60% del PIB.

Las graves secuelas que ha dejado la crisis financiera de 2007 están revalorizando la banca ética de forma incesante. Uno de los principales estímulos de esta nueva banca procede de la insostenibilidad del sistema financiero convencional. La banca tradicional es muy costosa de mantener por las elevadas ayudas públicas que consume y es especialmente perjudicial para millones de clientes debido a la profusión de prácticas abusivas.

La asociación de consumidores Asufin denuncia al Alto Tribunal por vulnerar la directiva comunitaria que protege a la ciudadanía de las cláusulas abusivas en los contratos.

Los fondos de la Unión Europea para afrontar la crisis sanitaria, económica y social se presentan como la gran esperanza para remediar los principales desafíos de la ciudadanía. La creación del fondo Nueva Generación (750.000 millones de euros) y el Plan SURE, destinado a los desempleados (100.000 millones), constituyen un salto cualitativo en la construcción europea. Por primera vez, los Estados asumirán un endeudamiento común de grandes dimensiones para apoyar a los más necesitados. Es significativo que una parte muy importante de estas ayudas, 390.000 millones de euros, serán subvenciones a fondo perdido. El resto, créditos a largo plazo.

En el momento de escribir estas líneas, la mayor parte de ciudadanos vuelven a estremecerse ante la virulencia de la tercera ola de la pandemia de covid-19. La enfermedad ha contagiado a casi 100 millones de personas y ha causado más de dos millones de muertos en todo el mundo. EE UU encabeza la lista de países por víctimas mortales con más de 400.000 personas, mientras que España aparece en el décimo lugar del ranking mundial en cifras absolutas con más de 55.000 fallecidos, pero en un inaceptable cuarto puesto en términos relativos (116 por 100.000 habitantes), después de Reino Unido, Italia y EE UU.

La pandemia de covid-19 está acelerando cambios profundos en nuestras vidas, en la economía y la sociedad entera. El impacto inmediato ha sido la pérdida de 1,6 millones de vidas, el desempleo y la pobreza. Al mismo tiempo, la pandemia está precipitando una profunda transformación social mediante una intensa implementación de las nuevas tecnologías. Para afrontar este gran desafío, el mercado ha sido completamente impotente, y solo una decisiva intervención pública y un mayor papel de la ciencia han paliado parcialmente los daños.

Las cuentas del Estado para 2021 dependen en gran medida de fondos pendientes de aprobación en Bruselas.

El Alto Tribunal español vuelve a beneficiar a los bancos con sus sentencias sobre abusos en los préstamos hipotecarios.

Hace un año los 200 mandamases de las grandes multinacionales estadounidenses que integran la Mesa Redonda de los Negocio sorprendieron al mundo con una insólita declaración: “El propósito de las corporaciones no debe ser solo maximizar los beneficios para los accionistas”.  Proclamaron que los objetivos de las empresas deben incluir también “compensar justamente a los trabajadores”, “tratar justa y éticamente a los proveedores” y “proteger el medio ambiente acogiendo prácticas sostenibles en nuestras empresas”.