Ariadna Trillas

La Encuesta de Población Activa de enero a marzo arroja casi 600.000 hogares sin ingresos, más de un millón con todos sus miembros en el paro y un incremento sin precedentes de la cifra de personas inactivas. Tiene lógica que la renta mínima deba ser compatible con ingresos salariales.

Para apoyar una renta mínima no hay que ser podemita. Basta con ser europeo. La red última de seguridad que prepara el Gobierno, vinculada a la inclusión laboral, servirá de poco sin políticas activas y servicios de empleo potentes. Su diseño es clave, como demuestra el fracaso de las rentas autonómicas contra la pobreza. Es una lástima que un Gobierno autodenominado de izquierdas renuncie a explorar la Renta Básica Universal. 

Entrevista a Elisabet Silvestre, doctora en Biología y experta en Biohabitabilidad.

Vale la pena releer en estos tiempos de confinamiento la entrevista a Elisabet Silvestre que Alternativas Económicas publicó en su edición de marzo. Esta  doctora en Biología y experta en Biohabitabilidad recuerda en ella que la mayoría de la gente pasa el 90% de su tiempo encerrada en algún edificio. Y lo que ocurra en ese entorno tiene relación directa con la salud. Silvestre sostiene que el lugar de trabajo y la vivienda pueden llegar a hacer enfermar. Cuando se diseña, construye o rehabilita un edificio, hay un modo de poner a las personas en el centro. O, en palabras de Silvestre: "Hay un modo de abordar qué condiciones ambientales necesitan nuestros sistemas biológicos para estar en equilibrio y sentir bienestar".

El FMI nos retrotrae a la Gran Depresión, augura un empeoramiento del nivel de vida en 170 países y plantea una recuperación “parcial” en 2021 en función de la lucha contra la pandemia. La salida en V parece más difícil.

La red de seguridad de nuestro Estado de bienestar adolece de un enorme agujero por donde se cuelan pobreza y exclusión social. Así lleva advirtiéndoselo en los últimos cuatro años a España la Comisión Europea. La rotura puede repararse con una renta básica que garantice una vida digna a la ciudadanía, tema que suscita controversia por sus costes. Ahora, los estragos económicos de la pandemia ablandan las tradicionales resistencias a algunos de los modelos en los que la medida puede plasmarse, o al menos a su aplicación temporal. El Gobierno ha aprovechado la corriente favorable de opinión y este verano contempla poder empezar a pagar un ingreso mínimo vital estatal, con cuantías en función de la tipología del hogar, que ayude a mermar la pobreza severa.

Lo urgente y lo importante no siempre se llevan bien. Si se declara un incendio en casa, uno no se pone a pensar en alimentarse de forma equilibrada y practicar ejercicio. Pero en este tiempo de doble crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes cabe recordar que, a menudo, lo urgente es aquello importante a lo que no se hizo caso en su momento. La reflexión no viene a cuento, o no solo, porque no aprendimos la lección de otros países en la crisis del coronavirus, sino por el marco en el que vivimos, el planeta. 

El coronavirus resulta letal para el mercado de trabajo, con un hundimiento histórico de la afiliación a la Seguridad Social en marzo. Dos tercios de los contratos destruidos son temporales.

El vicepresidente Iglesias asegura que “el Estado no dejará tirados” a quienes no puedan  devolver el dinero, mientras los activistas por el derecho a la vivienda llaman a no pagar en una huelga de alquileres.

Una propuesta de la economista Susana Martín Belmonte pretende multiplicar el gasto local y dinamizar la economía. Está basada en los resultados del proyecto REC de Barcelona.

Fraternidad, igualdad y ecologismo, ejes en la batalla por las ideas que propone Joan Herrera.