La energía nuclear y la hidroeléctrica se pagan como la producida por la central de ciclo combinado de gas, que además paga por el CO2 contaminante, por cogeneración y residuos. El negocio es redondo.

Mientras la pandemia hunde multitud de empresas y empleos, hay iniciativas que consiguen crecer.

Ya es posible en algunas ciudades: incentivar la eficiencia energética, y las inversiones para mejorarla en la vivienda, mediante descuentos en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Este impuesto es potestad de los gobiernos locales, y cada uno decide cómo lo maneja desde que, en el año 2015, el Gobierno central abrió la posibilidad de utilizar el IBI con fines medioambientales.

Invertir en energías renovables es encender un motor que genera empleo. Es cierto que la transición significará también destrucción de puestos de trabajo vinculados al modelo de producción actual, alimentado por los combustibles fósiles, pero según el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018, por cada empleo que se destruya se acabarán creando cuatro.

Los gobiernos locales tienen en sus manos la posibilidad de crear un instrumento que ayude a mejorar la política energética de sus ciudadanos: la creación de operadores que comercialicen electricidad verde como alternativa a las compañías que actúan en el mercado.

Es uno de los grandes debates en ciernes.  ¿Tiene sentido invertir cuantiosas cantidades de dinero en grandes infraestructuras que dentro de 20 o 30 años se tendrán que utilizar cada vez menos o incluso deberán cerrar?

Primero fue considerado una auténtica revolución para acabar con la dependencia energética, y Estados Unidos se puso a la cabeza de ella. Europa parecía que quería explorar sus posibilidades.

El hidrógeno es el gas más ligero y el elemento químico más abundante del universo, aunque no puede considerarse un recurso natural como tal —no hay yacimientos de hidrógeno, para entendernos—, sino que existe combinado con otros elementos.

La represión por la vía penal debería ser el último mecanismo al que recurrir en la protección del medio ambiente, pues los esfuerzos deberían centrarse en evitar los delitos y en una reducción tajante de las emisiones.

Acabar con los subsidios más o menos encubiertos a los combustibles fósiles debería ser la prioridad de cualquier política energética responsable, en la medida en la que durante años los Gobiernos han destinado miles de millones de euros a fuentes energéticas incompatibles con la lucha contra el cambio climático y, ahora, con el Acuerdo de París para combatirlo.

Una vez reducidos drásticamente los trámites al autoconsumo por parte del Gobierno central, el cuello de botella que emerge para que se expanda es la necesidad de que los ayuntamientos simplifiquen los procedimientos necesarios para autorizar la instalación de paneles solares encima de las cubiertas de los edificios.

Una de las maneras más claras de hacerle espacio a las energías renovables en el sistema eléctrico, y de hacerlo a gran escala, es mediante las subastas. Lo que se subasta no son activos existentes, sino plantas que aún no existen y que supondrán capacidad futura para producir electricidad con fuentes de energía limpias. ¿Por qué son las subastas interesantes como instrumento?

La transformación energética que le urge al planeta pivota en torno a la sustitución de las energías de origen fósil por otras de origen renovable. De ahí la importancia de que las autoridades —mundiales, europeas, españolas, autonómicas y municipales— planifiquen cómo se va a asegurar una mayor penetración de energías limpias.

España debe prepararse para la ‘descarbonización’ completa de su economía, a más tardar en 2050, lo que implica pisar el acelerador desde este mismo momento.

El autoconsumo consiste en que usted o yo podamos consumir la electricidad que nosotros mismos produzcamos, principalmente mediante las placas solares en las azoteas de nuestras viviendas u otros edificios, es decir, mediante energía fotovoltaica.