Los cambios tecnológicos, sociales y demográficos en los últimos 12 años llevan a la paradoja de que la ocupación esté hoy casi al nivel del inicio de la crisis, pero que el paro no haya descendido en el mismo porcentaje.
La debilidad de la actividad económica trastoca los planes del BCE y la Reserva Federal de subir este año el precio del dinero.
Los bancos centrales, y especialmente el de Rusia, están haciendo acopio de oro, un síntoma de las tensiones geopolíticas y de los riesgos económicos del momento.
La súbita desaceleración de la primera economía europea es una mala noticia para sus socios de la moneda única.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) propone calcular la cuantía de las pensiones sobre lo cotizado en los últimos 35 años. El Gobierno lo ve "razonable".
Si se le resta el aumento de los precios, que reduce la capacidad adquisitiva de la gente, los españoles ganan hoy un 0,3% menos que hace una década.
El paro sigue bajando, sí, y la última Encuesta de Población Activa (EPA) lo sitúa por debajo del 15% por vez primera desde el estallido de la crisis global, una década atrás. Pero no parece que haya motivos para descorchar el champán: la próxima crisis nos pillará otra vez como subcampeones europeos del paro y con la temporalidad disparada.
El precio del petróleo marcó en octubre su nivel más alto en cuatro años. La subida ya se nota en el bolsillo de los automovilistas y en la factura energética de las empresas, mala noticia para la economía española.
La llegada de turistas comienza a descender tras ocho años seguidos de récords. No hay más salida para el sector que mejorar la oferta.
Cuanto más dura la recuperación económica, más se cronifica el paro. Sin embargo, la desprotección ha aumentado. Hace falta revisar todo el sistema.
El nuevo Gobierno debe favorecer un crecimiento económico más inclusivo, generador de empleo de calidad y con salarios dignos.
Los españoles vuelven a endeudarse para comprar coches, electrodomésticos y otros bienes con una avidez desconocida desde los años previos a la crisis.
España es un país atípico, también en lo que respecta a la tenencia de vivienda. Mientras que en los países más avanzados los Estados intervienen en el mercado de la vivienda, en España la política de vivienda no existe, dejando a los potenciales necesitados al albur del mercado y al de los especuladores o fondos buitres.
El Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno tiene un objetivo propio de otros tiempos: reactivar el sector inmobiliario estimulando la construcción.
Sólo el 55% de las horas extra trabajadas en España se retribuyen. Para paliar el problema, los tribunales estudian si conviene obligar a las empresas a llevar un registro de toda la jornada laboral.
El aumento del saldo negativo de España e Italia en el sistema de pagos de la eurozona hace sonar las alarmas sobre la salud de los bancos de ambos países.
La UE, en tiempo muerto mientras Angela Merkel intenta formar gobierno, echa agua a la reforma del euro propuesta por el Ejecutivo de Bruselas, deseosa de ganar influencia en la política económica de una eurozona fracturada entre Norte y Sur.
Desde 2012, en los países de la eurozona se han creado 4,2 millones de empleos netos. El 60% de ellos son contratos a tiempo parcial, la mayoría de forma involuntaria. La recuperación se resiente de ello.
La crisis catalana, la moderación del ciclo económico alcista y la incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ralentizan la recuperación de la economía española.
La pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores erosiona el consumo y afecta negativamente a la producción y el empleo.
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