Los economistas ortodoxos sostienen que para salir de la crisis debemos volver a encender el motor de la economía. Pero se paga un precio: agravar la crisis ecológica. Hay otro modo de vivir.

El Parlamento Europeo encendió la alarma roja sobre la economía del ladrillo en España, empezando por la Comunidad Valenciana, y el impacto de “un modelo de desarrollo insostenible”. Lo hizo en 2005, en 2007 y, especialmente, en 2009, con el duro informe de la eurodiputada danesa verde Margrete Auken, criticado por los grandes partidos (PP y PSOE). Fue uno de tantos avisos sobre la España que iba bien. Otro fue la denuncia del mobbing inmobiliario, la cantidad tan elevada de viviendas vacías y las consecuencias negativas de “la especulación” en este país formulada por el relator de Vivienda de la ONU, Miloon Kothari. Corría febrero de 2008. Lo importante había sido crecer (al menos el 3,5% al año), no importaba sobre qué bases (la construcción), ni con qué efecto en el entorno (infraestructuras fantasma y degradación medioambiental y social). Los economistas ecológicos, que llevan décadas advirtiendo sobre los recursos finitos del planeta y la deuda ecológica del Norte frente al Sur, alertan de que no es posible salir de la parálisis económica actual con más crecimiento, precisamente porque  solo empeoraría la crisis ecológica en curso. El movimiento en favor del llamado decrecimiento ha roto su cáscara académica y empapa los movimientos sociales en busca de alternativas. El término decrecimiento divide a académicos que coinciden en dar prioridad a un menor uso de la energía y los materiales y un cambio de sistema económico. Es un debate rico y apasionante, en plena recesión y cuando los economistas ortodoxos sostienen que el crecimiento es el bien más buscado. Este dossier intenta dar voz a todos ellos.

La crisis deja cada vez a más ciudadanos en el limbo al no cumplir los estrictos requisitos de acceso a la compleja maraña de ayudas, subsidios o pensiones previstos, de fronteras porosas.

A  menos que uno sea riquísimo, los mortales intentan vivir de su trabajo, y si lo pierden, el abanico de ayudas que se despliega ante sí tiene que ver con el empleo. Con haberse ganado el derecho al paro que da haber cotizado. Con buscar otro puesto de trabajo. Con participar en planes de reinserción laboral. Los únicos ciudadanos con pocos recursos que perciben algún apoyo económico sin deber esforzarse por volver a trabajar son quienes, de hecho, no pueden hacerlo: o por muy mayores o por muy enfermos. Hablamos de las pensiones no contributivas de jubilación (si no se ha cotizado 15 años) o de invalidez (con un grado igual o superior al 65%). Pero ¿qué pasa con un trabajador de 57 años que lleve seis en el paro y tenga una minusvalía del 40%? Ni opta a la pensión no contributiva de invalidez, ni tampoco a una renta mínima de inserción para personas en riesgo de exclusión en una  comunidad autónoma, que no suele ser de por vida. Las fronteras entre los programas de ayudas ya eran porosas. Pero ahora que en España se han duplicado los hogares sin ingresos, debajo cada vez hay menos colchón. La red de ayudas sociales, que adolecía de agujeros, se deshilacha por falta de presupuesto. La austeridad ha desactivado instrumentos sociales como la ley de la Dependencia, ha moderado el salario mínimo y ha endurecido los criterios de acceso a los planes de rentas mínimas autonómicos. De ello habla en una entrevista Toni Comín, que intentó reformar este sistema de ayudas en Cataluña hace unos años. En este contexto, se abren paso los defensores de una renta básica universal incondicional, como Daniel Raventós.