La austeridad ahoga a la Ley de Dependencia

En 2007 se aprobó una ley que pretendía crear 635.500 empleos y dar servicio a las personas dependientes. Recortes, crisis, falta de voluntad política y una gestión caótica entre el Estado y las Comunidades Autónomas han demolido la normativa

Por Mariana Vilnitzky

Un lugar donde todos cobran

Desde hace 30 años la renta básica es una realidad en Alaska. En 2012 cada habitante, niño o adulto, cobró 676 euros.

Por Mariana Vilnitzky

Por qué urge una renta básica en plena crisis

Un salario base incondicional paliaría la pobreza, facilitaría la autoocupación, activaría el consumo, tejería un interés colectivo de los trabajadores y reduciría la angustia ante el paro.

Por Daniel Raventós

“No puedes abandonarte”

Abre la puerta de su pequeño y acogedor piso en Cornellà de Llobregat, que encontramos barrido y ordenado, y nos ofrece un vaso de agua. La camisa pulcra y el pelo cortado y peinado con pulcritud, Santiago Barquero (Almadén, Ciudad Real, 1957) enciende un cigarrillo Nobel.

Por Ariadna Trillas

Menos perceptores de las pensiones más bajas

España estrenó 2013 superando por primera vez los nueve millones de pensionistas contributivos (lo que en enero pasado, pese a que las pensiones no se revalorizaron en línea con los precios, elevó el gasto  a 7.653 millones de euros).

Por Ariadna Trillas

Menos ayudas al pobre, en nombre del fraude

Las ayudas a las personas en riesgo de exclusión, en manos de las autonomías, aumentan más despacio que los hogares sin ingresos. Los criterios de acceso se endurecen por falta de dinero.

Por Ariadna Trillas

Más agujeros en la red de protección social

La crisis deja cada vez a más ciudadanos en el limbo al no cumplir los estrictos requisitos de acceso a la compleja maraña de ayudas, subsidios o pensiones previstos, de fronteras porosas.

Incertidumbre Santiago trabajó para una sola empresa 36 años. Fue despedido. Tiene 55. No le sale empleo. Sufre por la pensión. FOTO: Andrea Bosch

A  menos que uno sea riquísimo, los mortales intentan vivir de su trabajo, y si lo pierden, el abanico de ayudas que se despliega ante sí tiene que ver con el empleo. Con haberse ganado el derecho al paro que da haber cotizado. Con buscar otro puesto de trabajo. Con participar en planes de reinserción laboral. Los únicos ciudadanos con pocos recursos que perciben algún apoyo económico sin deber esforzarse por volver a trabajar son quienes, de hecho, no pueden hacerlo: o por muy mayores o por muy enfermos. Hablamos de las pensiones no contributivas de jubilación (si no se ha cotizado 15 años) o de invalidez (con un grado igual o superior al 65%). Pero ¿qué pasa con un trabajador de 57 años que lleve seis en el paro y tenga una minusvalía del 40%? Ni opta a la pensión no contributiva de invalidez, ni tampoco a una renta mínima de inserción para personas en riesgo de exclusión en una  comunidad autónoma, que no suele ser de por vida. Las fronteras entre los programas de ayudas ya eran porosas. Pero ahora que en España se han duplicado los hogares sin ingresos, debajo cada vez hay menos colchón. La red de ayudas sociales, que adolecía de agujeros, se deshilacha por falta de presupuesto. La austeridad ha desactivado instrumentos sociales como la ley de la Dependencia, ha moderado el salario mínimo y ha endurecido los criterios de acceso a los planes de rentas mínimas autonómicos. De ello habla en una entrevista Toni Comín, que intentó reformar este sistema de ayudas en Cataluña hace unos años. En este contexto, se abren paso los defensores de una renta básica universal incondicional, como Daniel Raventós.

Colabora: Daniel Raventós

Coordina: Ariadna Trillas

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Las ayudas a las personas en riesgo de exclusión, en manos de las autonomías, aumentan más despacio que los hogares sin ingresos. Los criterios de acceso se endurecen por falta de dinero.

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