Todo el mundo parece condenado a depender de las grandes multinacionales si quiere un teléfono móvil con acceso a Internet. Sin embargo, en Reino Unido operan con éxito cooperativas en las que el usuario del teléfono no es solo un usuario que intenta como puede que le atienda alguien del servicio de atención al cliente, sino un socio que participa en las asambleas de la compañía para decidir a qué destinan los excedentes, si los hay. Este modelo acaba de llegar también a España.

Saltarse al oligopolio energético no es fácil, pero existen muchas posibilidades mediante un creciente abanico de empresas y cooperativas que aportan exclusivamente energía verde. El cambio no encarece la factura, pero exige una toma de conciencia previa y una voluntad de contribuir a variar la situación, lo cual ayuda a explicar el auge de algunas iniciativas que convierten al consumidor en socio de la empresa. En cambio, el autoconsumo se ve ahora muy perjudicado por los nuevos peajes.

Desde que empezó la crisis se han iniciado más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en España, en muchos casos por iniciativa de entidades financieras rescatadas con dinero público o que se han beneficiado de algún tipo de apoyo de la Administración. La respuesta oficial ante un drama social de esta envergadura sin precedentes ha sido tibia y encaminada a la resignación. Pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha mostrado que los afectados tenían una alternativa: organizarse y resistir.

Ni compra ni alquiler. La cesión de uso es una fórmula a medio camino que aspira a aunar lo mejor de ambos mundos: estabilidad y posibilidad de construir un hogar con horizonte a largo plazo, pero a precio asequible y sin quedar hipotecado de por vida ni a merced de los vaivenes del mercado. Es una opción aún muy rara en España, uno de los países europeos con más tradición de vivienda en propiedad, pero común en varios países, y aquí también empieza a ser posible.

Todas las empresas sufren la falta de crédito, pero las cooperativas y la economía social suelen tener un problema añadido por la incomprensión de sus dinámicas específicas por parte del sistema financiero tradicional. Para sortear estos escollos añadidos al acceso a la financiación se han puesto en marcha instrumentos que suelen comprometer al núcleo más cercano al proyecto, como los títulos participativos.  Conllevan riesgos, pero pueden ser muy útiles si se planifican bien.

El euro no es la única moneda que permite adquirir bienes y servicios. La economía social trata de construir desde hace tiempo un mercado en el que sea posible comprar y vender con una moneda menos inaccesible para crecientes capas de la población: ecosoles, boniatos, pumas, dragos, zoquitos, turutas... Algunos han contado hasta 130 monedas alternativas solo en España, sin contar el bitcoin, la moneda digital de alcance global que ha desconcertado a los autoridades monetarias.

Los seguros se han convertido cada vez más en una unidad del sector financiero puro y duro. Sin embargo, han ido consolidándose opciones que tratan de recuperar la función social original, propia del mutualismo. Desde 2009 existe el sello europeo EthSI, que garantiza el cumplimiento de condiciones como transparencia e inversión socialmente responsable. Y en el mundo de los corredores de seguros se está gestando un nuevo proyecto de referencia en España.

Los avales son el último obstáculo para obtener un crédito, y no precisamente el menor. La economía social está ensayando nuevas fórmulas para fragmentar el aval entre toda la base social de la entidad que solicita el crédito y reducir al máximo los costes generados por los intermediarios. El enfoque bancario convencional debe de considerarlo un riesgo, pero en la base del mecanismo está la confianza entre socios. El resultado es que la tasa de morosidad es muy inferior a  la media del sector financiero.

Si el crédito está bloqueado para las empresas, imagínese para los nuevos proyectos empresariales o sociales. Pero nunca había sido tan factible como ahora lograr financiación al margen de la banca. Internet ha permitido conectar proyectos concretos con gente interesada en apoyarlos, incluso financieramente. Esto es el crowdfunding, que vive una eclosión tras la aparición de múltiples plataformas digitales que facilitan esta nueva fórmula emparentada con el mecenazgo.

Aparentemente, las alternativas para esquivar la banca tradicional se han reducido mucho por el hundimiento de las cajas de ahorros. No obstante, en los últimos años han ido tomando cuerpo iniciativas de banca ética, tanto en su vertiente de banca con valores como de nuevas herramientas de economía social en las que los clientes son, en realidad, socios. Es perfectamente posible abrir una cuenta corriente en un banco ético en el que cobrar la nómina con toda la protección del Fondo de Garantía de Depósitos.

El seísmo de 2010 levantó una gran ola de solidaridad, pero la ayuda no ha servido para poner las bases del desarrollo, sino para crear un laboratorio neoliberal.

Desafío: El acuerdo presupuestario alcanzado entre republicanos y demócratas debería limitar un poco las políticas de austeridad en EE UU. Y la Reserva Federal, mostrarse prudente en su política monetaria.

La puesta en marcha de la Unión Bancaria acaba de suponer avances significativos. Pero las cuestiones por solventar son numerosas e importantes.

El salario mínimo, que divide a economistas y tensa a la patronal, arrasa en apoyo social en el país de los ‘minijobs’.

Preocupación por el efecto bumerán de contener el salario mínimo y su consiguiente merma de poder adquisitivo.

El hundimiento de Fagor Electrodomésticos ha supuesto un verdadero cataclismo para la experiencia cooperativa de Mondragón y para el tejido industrial vasco, así como para el mundo de la democracia económica en general.

Análisis: En las últimas semanas se ha producido un notable deterioro en la imagen de la Agencia Tributaria. En la opinión pública, aunque no se conocen con exactitud todas las cuestiones, se ha instalado una sensación de caos en la gestión tributaria.

La entidad encargada de recaudar los impuestos encadena polémicas que minan su credibilidad. El 87% de españoles cree que no se cobran con justicia.