La primera reforma pactada por empresarios y sindicatos en décadas cambia el marco laboral a favor de la estabilidad, so pena de fuertes multas.

Nadie duda de la importancia que tiene el Real Decreto 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. El hecho de que  haya sido el resultado de un acuerdo entre los sindicatos de trabajadores y la patronal (con la abstención destacable de ASAJA) es de por si una buena señal, para todos aquellos que pensamos que solo se puede construir País negociando y acordando, entre agentes sociales (o partidos políticos) con lógicamente prioridades (o programas) distintas. Pero no puede ser suficiente para hacerse una opinión definitiva sobre la utilidad de la nueva legislación.

Las crisis de inflación son como las comedias sentimentales: cada una empieza a su modo pero todas terminan igual.

La última película de León de Aranoa satiriza la figura del gran empresario-benefactor, que el cineasta demuestra conocer bien.

De España a Escocia pasando por Bélgica, varios gobiernos ensayan reducir el número de días de trabajo o se muestran muy interesados en hacerlo.

Eso que llaman “conflictividad laboral” está en aumento en España. Y es posible que en las próximas semanas y meses muchos ciudadanos sufran los inconvenientes de alguna que otra huelga. El batacazo de la pandemia, la inflación creciente y la continua pérdida de poder adquisitivo desde la crisis financiera de 2008 han creado una situación muy difícil.

Una dura realidad que suele ocultarse.

Los actores públicos y las empresas se valen del espionaje económico para obtener información y combatir a sus competidores. Una estrategia que en ocasiones recurre a métodos dudosos.

Para mantener sus beneficios, la dirección y el accionariado de las empresas a menudo intentan saltarse el principio de competencia boicoteando a clientes, a rivales y al fisco.

El índice de precios de los alimentos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se situó en octubre en un promedio de 133,2 puntos, es decir, 3,9 puntos (el 3,0%) más que en septiembre y 31,8 puntos (el 31,3%) más que en octubre de 2020. Es su nivel más alto desde 2011.

La polémica reforma laboral de 2012 no resolvió ninguno de los problemas esenciales del mercado de trabajo y ha fracasado en la lucha contra los excesos de la temporalidad.

La escasez de mano de obra en sectores clave de la economía es una herencia de la covid-19, pero el fenómeno hunde sus raíces  en desequilibrios más profundos. 

Feministas, organizaciones sociales y patronal critican los fondos y las políticas para cuidados del Plan de Recuperación.

El Parlamento catalán tramita una ley para crear un centro que vigile el comportamiento de las compañías.

Stephanie Kelton es una de las grandes defensoras de la Teoría Monetaria Moderna, que defiende la capacidad del Estado, como emisor monopolístico de moneda, de gastar ilimitadamente para estimular la economía o pagar la deuda.

Los estragos de la covid-19 han interrumpido dos décadas de reducción constante del trabajo infantil en el mundo. El repunte se concentra ahora en el África subsahariana.

Los impuestos son un asunto cada vez más dramático para los trabajadores con bajos ingresos, los autónomos y los pequeños y medianos empresarios. El ejercicio periódico de la declaración fiscal se ha convertido en una experiencia traumática para muchas personas. Los ciudadanos deben  asumir obligaciones que determinan los recursos realmente disponibles; en definitiva, sus condiciones de vida. Son decisiones que implican la renuncia a disponer de una reserva mínima para pagar el alquiler del siguiente mes, a participar en actividades culturales o a viajar. 

La tasa de ocupación no levanta cabeza en medio del desánimo, aunque abril puede haber marcado un punto de inflexión.