La ministra de Trabajo de Roosevelt impulsó el seguro de paro y el salario mínimo en EE UU.

Cuando empiezas los estudios de economía, aprendes en seguida que mientras los hogares ahorran una parte de los ingresos, las empresas tienen necesidad de dinero para poder invertir. Las cantidades que las compañías gastan cada año son generalmente mayores que sus recursos financieros.

La pandemia es solo el último movimiento de una serie de transformaciones estructurales que, desde hace tiempo, ponen en entredicho numerosas verdades económicas consideradas incuestionables.

¡Pobre Milton Friedman! El economista liberal estadounidense (1912-2006) no está para fiestas. En 1970 publicó la que sería una de sus enseñanzas más emblemáticas. “La inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario en el sentido de que es, y solo puede ser, generado por un aumento de la cantidad de moneda más rápido que el de la producción"(2).

Es muy probable que el economista neozelandés Alban William Phillips (1914-1975) jamás pensara que su fama iba a ser tan duradera. En 1958 publicó un artículo empírico basado en datos británicos que demostraba que cuanto más bajo es el paro, mayor es la tendencia de los salarios a subir rápidamente.

Cuando una empresa tiene necesidad de desarrollarse de manera significativa no puede contentarse con recurrir a la financiación de aquellos que están próximos a sus fundadores. Puede recurrir al crédito bancario, pero para crecer realmente debe acudir al ahorro público, lo que equivale a tomar prestado a medio o largo plazo emitiendo obligaciones o a acoger en su seno nuevos accionistas.

Es uno de los postulados básicos del análisis económico: si se baja el precio de un producto, se puede vender más. Para aumentar las ventas de sus empresas en los mercados de otros países, para ser más competitivos, los gobiernos recurren a la devaluación: autorizan a que una unidad de moneda extranjera pueda comprar más productos de su país.

Hace tiempo, Muriel Pénicaud, entonces ministra francesa de Trabajo, declaraba: “se sabe que un empujón al salario mínimo destruye empleo, por tanto, no es un buen método”. Pero lo que se sabe, sobre todo, es que no se sabe nada, pues no hay nada que confirme este supuesto teorema.

Si se baja el coste de trabajo, las empresas se verán incitadas a contratar a más personas. Parece lógico. Y como no se va a pedir a la gente que siga haciendo el mismo trabajo por menos dinero, el modo de disminuir el coste de trabajo consiste en reducir, cuando no anular, las cotizaciones sociales a él asociadas.

Es uno de los resultados de las ciencias económicas oficiales, que sirvió en todo momento para apoyar la necesidad de políticas de austeridad presupuestaria: desde el mismo momento en que la deuda pública pasa un cierto umbral, el crecimiento de la economía sufre automáticamente.

Si hay una ley que la gran mayoría de los economistas considera válida, ésta es la surgida de los trabajos de David Ricardo (1772-1823) sobre las condiciones de inserción en la economía internacional. 

Cuando un Estado, un Ayuntamiento, una empresa o un individuo necesita más dinero del que tiene, pide prestado lo que le falta. Y cada uno de estos actores económicos encuentra normal pagar intereses sobre estos préstamos.

En una crisis tan extraordinaria como la provocada por la covid-19, ante la que las respuestas convencionales se muestran impotentes, cobra más sentido si cabe explorar las propuestas solventes elaboradas fuera del carril de la ortodoxia. Algunas son conocidas, como el impuesto a la riqueza, la reducción de la jornada laboral y la renta básica universal. Otras lo son menos, como el dinero helicóptero. Y otras han surgido de la propia crisis, que ha provocado un ahorro inesperado para el que hay que buscar un uso pertinente. Repasamos las ventajas y los inconvenientes de ocho propuestas imaginativas que podrían ayudar a mitigar los estragos económicos y sociales agravados por la pandemia.

La Renta Básica Universal (RBU) es una de las propuestas sobre las que más se ha debatido en los últimos meses como una idea a tener en cuenta para afrontar los estragos de la covid-19, pero a menudo sin que quede demasiado claro sobre qué se está hablando exactamente. Esta imprecisión ha provocado que su utilice el mismo concepto para referirse a cuestiones muy distintas, lo que ha dado origen a múltiples malentendidos, sobre todo al confundirse en ocasiones RBU e Ingreso Mínimo Vital (IMV), en el que España ha sido pionero pero que responde a una lógica muy distinta.

La crisis ha provocado un sensible aumento del paro en todo el mundo. [En España, el mazazo ha sido muy agudo, pese a la mejoría  de julio: este mes se cerró aún con 761.000 parados más que en julio de 2019, con lo que la cifra de desempleados registrados alcanzaba ya las 3,77 millones de personas. Y ello teniendo en cuenta que todavía había 1,18 millones de afectados por expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE)].

Dinamarca, Polonia, Italia, Francia… varios países europeos han declarado su voluntad de que una empresa que acude a los paraísos fiscales no pueda recibir la ayuda pública destinada a compensar los efectos económicos de la epidemia. La lógica es evidente: ¿Es posible beneficiarse de una ayuda colectiva cuando no se pagan impuestos?