La larga etapa neoliberal, que arrancó en la década de 1980 impulsada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, instaló como hegemónico el marco de bajadas generalizadas de impuestos, lo que ha tenido como consecuencia a largo plazo enormes dificultades presupuestarias de los Estados, cotas de endeudamiento público que la misma ortodoxia económica considera inasumibles, recortes en el estado de bienestar y, como resultado de todo ello, un gran aumento de la desigualdad, que no supone solo un problema de orden ético o moral, sino que según muchos economistas tiene efectos perjudiciales para el conjunto de la economía.

“¡Lo único que hay que hacer es anular las deudas!” Entre las numerosas ideas que se debaten para superar la crisis actual, surge con regularidad la de la anulación de las deudas públicas y privadas. Evidentemente, en algunos casos habrá que pasar por ello, pero es una herramienta muy delicada. 

Y si el día de mañana el Banco Central Europeo ingresara directamente dinero en nuestras cuentas bancarias? La institución monetaria ya ha desempeñado un papel crucial para responder a la crisis provocada por la epidemia de la covid-19 inyectando dinero en la economía: 120.000 millones de euros por aquí, 750.000 millones por allá… 

Restaurantes y cines cerrados, compras importantes postergadas… Privados de la posibilidad de consumir, los ciudadanos confinados —al menos los que no se han visto muy afectados por la crisis— no han tenido más remedio que ahorrar. 

¿Una deuda europea común? Ya nadie apostaba por ello. Pero la gravedad de la crisis la ha acabado haciendo posible, con la pareja  franco-alemana como gran motor, junto a los países del sur y muy singularmente España, del histórico acuerdo de la UE el pasado 21 de julio, que no solo acordó movilizar una ingente cantidad de recursos a la reconstrucción, sino que supone un gran salto adelante en la construcción europea al financiar el fondo creado para ello, de 750.000 millones, con emisiones de deuda conjunta. 

Dinamarca, Polonia, Italia, Francia… varios países europeos han declarado su voluntad de que una empresa que acude a los paraísos fiscales no pueda recibir la ayuda pública destinada a compensar los efectos económicos de la epidemia. La lógica es evidente: ¿Es posible beneficiarse de una ayuda colectiva cuando no se pagan impuestos?  

La crisis ha provocado un sensible aumento del paro en todo el mundo. [En España, el mazazo ha sido muy agudo, pese a la mejoría  de julio: este mes se cerró aún con 761.000 parados más que en julio de 2019, con lo que la cifra de desempleados registrados alcanzaba ya las 3,77 millones de personas. Y ello teniendo en cuenta que todavía había 1,18 millones de afectados por expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE)].

La Renta Básica Universal (RBU) es una de las propuestas sobre las que más se ha debatido en los últimos meses como una idea a tener en cuenta para afrontar los estragos de la covid-19, pero a menudo sin que quede demasiado claro sobre qué se está hablando exactamente. Esta imprecisión ha provocado que su utilice el mismo concepto para referirse a cuestiones muy distintas, lo que ha dado origen a múltiples malentendidos, sobre todo al confundirse en ocasiones RBU e Ingreso Mínimo Vital (IMV), en el que España ha sido pionero pero que responde a una lógica muy distinta.

En una crisis tan extraordinaria como la provocada por la covid-19, ante la que las respuestas convencionales se muestran impotentes, cobra más sentido si cabe explorar las propuestas solventes elaboradas fuera del carril de la ortodoxia. Algunas son conocidas, como el impuesto a la riqueza, la reducción de la jornada laboral y la renta básica universal. Otras lo son menos, como el dinero helicóptero. Y otras han surgido de la propia crisis, que ha provocado un ahorro inesperado para el que hay que buscar un uso pertinente. Repasamos las ventajas y los inconvenientes de ocho propuestas imaginativas que podrían ayudar a mitigar los estragos económicos y sociales agravados por la pandemia.

Entrevista a Alain Supiot (Nantes, 1949). Profesor de Derecho en la Universidad de Nantes y miembro del Instituto Universitario de Francia. Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.