Muchas de las medidas que ha tomado el Gobierno no llegan fácilmente ni con rapidez a las familias y a las pequeñas empresas.
El descontrol de los precios deja al descubierto las grietas del mercado y fuerza a la Unión Europea a proteger a ciudadanos y empresas.
Los cambios pactados por el Gobierno con las organizaciones de autónomos y los sindicatos afectan al sistema de cotizaciones, entre otros aspectos
Solo los negocios sin personal asalariado van a más en España desde la crisis de 2008, fruto de la falta de alternativas y de los incentivos al autoempleo. Son los proyectos que caen antes.
La inflación es conocida como “el impuesto más injusto” y “el impuesto de los pobres”, ya que son las familias con menos recursos las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar productos básicos como los alimentos, la vivienda, la luz y el transporte.
Las energéticas y los bancos verán aumentar su carga fiscal.
No todo el mundo pierde: las compañías energéticas, los bancos y el oligopolio de los cereales hacen su agosto con la subida de los precios.
Crece el malestar entre los accionistas por las retribuciones excesivas de los grandes ejecutivos, que tras la pandemia han batido todos los récords.
En diciembre de 2020 se detectó el ciberataque más grande realizado hasta el momento.
Las grandes empresas tecnológicas están moldeando el entorno virtual en el que se ven obligados a operar los gobiernos.
Crece con rapidez el sector de ciberempresas que comercializan servicios para atacar a adversarios.
La subida de precios bate récords y muchas familias deben hacer malabares para llegar a fin de mes. Iniciativas colectivas y de la economía social ayudan a amortiguar el golpe y a avanzar hacia modelos más sostenibles.
Para fijar la cuantía adecuada del salario mínimo en un país hay una referencia internacional: un porcentaje del salario mediano del país (60%) y el 50% del salario medio. Pero el dinero resultante no siempre permite cubrir los gastos necesarios para vivir dignamente.
La escalada de precios se ceba en la población más vulnerable en un país de bajos salarios donde el poder de compra real llevaba dos décadas estancado.
La Sareb, entidad que gestiona los peores activos de la burbuja inmobiliaria, pasará a manos del Estado. La factura del rescate bancario seguirá engordando.
Una parte significativa de los altos beneficios bancarios corresponde a malas prácticas.
La covid-19 ha acelerado aún más la ansiedad y la precariedad asociadas a la evolución del modelo económico global. Los expertos advierten de consecuencias devastadoras para la salud.
Ideas que se experimentan en Europa para ampliar el parque de pisos sociales y asequibles con el fin de atajar la especulación inmobiliaria
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